miércoles, 13 de agosto de 2014

Soja transgénica y la violación de los derechos humanos

Paraguay


Rel-UITA

Después del golpe va consolidándose el poder fáctico de las transnacionales






La expansión acelerada del monocultivo de soja transgénica en Paraguay ha dejado tras de sí un rastro de destrucción y desolación, que pone en serio riesgo la soberanía alimentaria del país, así como la vida de miles de familias campesinas y pueblos indígenas, que son expulsados de sus lugares de orígenes y que ven violados sus derechos históricos y ancestrales.

Paraguay ocupa el sexto lugar en producción de soja y el cuarto como exportador a nivel mundial.

De acuerdo con datos del Instituto Panamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), la cosecha de soja 2012-2013 marcó un récord en producción -más de 9 millones de toneladas- en un área de 3.2 millones de hectáreas.

Esto significa un aumento de la superficie cultivada con soja transgénica -patentada por un 95 por ciento por Monsanto y comercializada principalmente por ADM, Cargill, LDC y Bunge- del 109 por ciento en los últimos 10 años y del 460 por ciento en las últimas dos décadas.

Concentración de la tierra
2% de los propietarios acumula
el 80 por ciento de las tierras


La expansión acelerada del cultivo de soja transgénica, que actualmente abarca más del 70 por ciento de la tierra cultivada, en un país donde el 2 por ciento de los propietarios acumula el 80 por ciento de las tierras, ha significado el desplazamiento de la población campesina e indígena, la desaparición de bosques y el crecimiento exponencial del uso indiscriminado de agrotóxicos.

El IICA señala que el 87 por ciento de la superficie total cultivada con soja se encuentra en manos de medianos y grandes productores, al tiempo que la población rural y la agricultura campesina van reduciéndose cada día más, afectando gravemente la soberanía alimentaria del país.

Monocultivos y pérdida de diversidad agrícola
Más contaminación y menos bosques
Casi la tercera parte del territorio de la región oriental de Paraguay está cultivado con soja transgénica, y Monsanto prevé expandir sus cultivos hacia la región occidental (Chaco), avanzando sobre territorios que son de reforma agraria.

Asimismo, el más reciente informe de la Alianza Biodiversidad sobre los impactos de la soja transgénica en Paraguay, estima que entre 1991 y 2009 el país perdió más de 3.2 millones de hectáreas de bosque nativo, es decir el 15.34 por ciento de la superficie total.

También reporta que, durante la zafra 2007-2008, en los cultivos de soja se usaron más de 21 millones de litros y más de 1.9 millones de kilogramos de agrotóxicos, entre otros el Glifosato (5.3 millones de litros), Paraquat (6.6 millones de litros), Endosulfán (3.2 millones de litros), Cipermetrina y Acefato (2 millones de litros).

“Desde su ingreso en forma ilegal en la década de los 90, la soja transgénica y el modelo agroexportador han venido causando gravísimos impactos sociales y ambientales, sobre todo en las comunidades más vulnerables que son las campesinas e indígenas”, dijo a La Rel, David Cardozo, gerente del Programa de Diversidad Biológica y Cultura de la organización Sobrevivencia | Amigos de la Tierra Paraguay .

Cardozo señaló que ya hay abundante evidencia de las graves afectaciones a la salud provocadas por el uso indiscriminado de agrotóxicos, principalmente del glifosato, ingrediente activo del Roundup, el herbicida producido por Monsanto.

“Ya se han detectado decenas de casos de pérdidas de embarazos, malformaciones congénitas, trastornos gastrointestinales, así como el aumento de cáncer.

Tenemos también los casos de Silvino Talavera, de 11 años, y de las hermanas Adelaida y Adela Álvarez Cabrera, de 3 años y 6 meses respectivamente, quienes fallecieron trágicamente tras ser embestidos por las fumigaciones”, recordó Cardozo.

Criminalización de la protesta
Y violación de los Derechos Humanos

La masacre ocurrida en Curuguaty durante el desalojo de las tierras estatales de Marina Cué, donde perdieron la vida 11 campesinos y 6 policías, no solo sirvió a los sectores más retrógrados del país, coludidos con el gran capital agroexportador transnacional, para dar un golpe de Estado parlamentario al entonces presidente Fernando Lugo, sino que permitió borrar los avances logrados hasta entonces.

“Durante el gobierno de facto de Federico Franco se procedió a liberar, de forma ilegal, nuevos cultivos de soja, algodón y maíz transgénico, violentando la normativa nacional que prevé la elaboración de estudios de impacto ambiental y experimentación controlada por un lapso de dos años. Eso continúa con el nuevo gobierno de Horacio Cartes”, explicó el directivo de Sobrevivencia Amigos de la Tierra Paraguay.

Además, señaló que existe una preocupante y creciente criminalización y judicialización de la protesta contra la expansión del cultivo de soja y el modelo agroexportador en general.

Durante la última década se registra un aumento exponencial de los desalojos y desplazamientos violentos, las detenciones y el asesinato de quienes luchan por el acceso a la tierra y contra la expansión de este modelo depredador.

“Es un modelo violador de los derechos humanos, que usa el hostigamiento, la persecución, y la represión para restringir las libertades y continuar concentrando tierra y territorios”, concluyó Cardozo.

Fuente: Rel-UITA

Economías ilegales y territorialidad en Latinoamérica



Fernando Carrión M.
    

ALAI AMLATINA,  
Muy poca importancia se le ha asignado a los mercados ilegales dentro de la economía, quizás debido a la invisibilidad que producen sus metodologías, indicadores y fuentes, pero también a las implicaciones morales, legales, políticas y culturales nacidas en el marco de la política de la “guerra a las drogas”.
 
Lo cierto es que existe una importante masa monetaria proveniente de los mercados ilícitos.  Los datos a la mano nos muestran que en 1998 Michel Camdessus (Director del Fondo Monetario Internacional - FMI) estimó entre el 2% y el 5% de la economía mundial, mientras Moisés Naim estableció para el año 2004 un volumen del 10%.  Esto significa que en 6 años se duplicó, lo cual evidencia una significativa tendencia alcista.  Si este ritmo de crecimiento se mantiene hasta ahora ¿cuál sería en este momento el aporte de los mercados ilegales a la economía mundial?
 
En América Latina se calculaba para el año 2002 una participación del 6,3% del PIB (alrededor de 75 mil millones de dólares).  En un estudio que estamos llevando a cabo con el patrocinio del IDRC hemos detectado que la cifra regional debe ser superior a los 120 mil millones de dólares, una cantidad similar a los 137 mil millones de inversión externa que recibió la región en 2013 (CEPAL).
 
¿Dónde están estos recursos?
 
En América Latina no existen investigaciones que muestren donde se encuentran estos recursos; sin embargo, si seguimos los estudios de Forgione en Italia (2009), podemos afirmar que entre el 40% y el 50% sirven para reproducir el ilícito y dinamizar este segmento del mercado (corrupción, tecnología, armas, sueldos, sicariato); y entre el 60% y el 50% para ser blanqueado en la economía legal.
 
La economía se dinamiza con el dinero destinado a reproducir el ilícito y con el que se invierte en los mercados legales menos regulados, con rápida liquidez y son funcionales a la reproducción de los ilícitos.  Los enlaces con las áreas formales de la economía son evidentes, tanto que los límites entre los mercados legales y los ilegales son imperceptibles.
 
Los sectores de la economía donde tienden a ubicarse estos capitales son muy variados, según la sociedad que se trate, aunque la mayoría de ellos son de base urbana.  Por ejemplo, el sector inmobiliario es una actividad económica donde tiene mucha incidencia; en la actualidad en las ciudades más grandes de América Latina hay un crecimiento del sector que tiende a ser explicado como si existiera una burbuja, una sobre oferta o un boom inmobiliario.  El sector comercial, automotor y de turismo son otros sectores atractivos para el lavado de activos provenientes de las economías ilegales.
 
En la sociedad se desarrollan nuevas culturas vinculadas a la ganancia rápida y fácil, a las nuevas formas de consumo, a los contenidos de las narco novelas y de la música (narcocorridos) y, también, a la nueva capacidad de generación de empleo y de entrega de beneficios –que son buenos amortiguadores sociales– para contar con grupos de apoyo para sus fechorías.
 
La reproducción de los ilícitos requiere de recursos económicos que financien el control de los territorios estratégicos, como son los lugares de producción o de traslado de narcóticos; así como también el financiamiento del mantenimiento de las fuerzas militares irregulares.
 
Adicionalmente, la ilegalidad necesita dinero para enquistarse en las estructuras estatales de tal manera de hacerlas permisivas al delito mediante las modalidades de “plata” (corrupción), “plomo” (intimidación) y “democracia” (elecciones), con lo cual las políticas pierden eficacia y las instituciones se deslegitiman.  De esta forma las instituciones estatales son minadas por la corrupción y por la creación de estructuras paralelas al poder constituido conduciendo, por un lado, a su debilitamiento para el control de estas actividades y, por otro lado, a la expresión de “Estado fallido”, que no es otra cosa que la “certificación” propia de la política de “guerra a las drogas”.
 
Los territorios se modifican
 
La producción social del espacio se transforma profundamente, según la nueva lógica de las economías legales e ilegales.  En palabras de Sassen (1999): “los cambios en la geografía y en la composición de la economía global produjeron una compleja dualidad: una organización de la actividad económica espacialmente dispersa, pero a la vez globalmente integrada”.
 
Esta economía se sustenta en la descomposición mundial de los procesos productivos, no solo en el territorio (espacios dispersos) sino también en las fases del proceso general.  Los lugares de excepción son parte de un sistema organizacional compuesto por redes y nodos, que son articulados a nivel mundial por un comando central tipo holding (cártel de Sinaloa, N´drangueta).  Esta estructura tiene una cualidad única: cuando las partes son atacadas el todo no se contamina ni se afecta, porque en los lugares dispersos actúan la tercerización y la franquicia, mientras en el contexto global lo hace el holding.  De esta manera se cuenta con una estructura eficiente en lo administrativo e inmune frente a las acciones del sistema penal, porque la tercerización o la franquicia operan como válvulas o fusibles que saltan al momento de un embate policial.  Cuando la policía desarticula una banda o una organización criminal, el propio holding lo reemplaza inmediatamente con otro grupo o con fracciones del mismo, gracias a su alta flexibilidad.
 
Obviamente esta estructura tiene su contraparteen la territorialidad, que se expresa en tres lugares estratégicos: primero, las fronteras, que son el espacio donde las economías ilegales tienen un nivel de crecimiento asombroso, donde las tasas de homicidios son más altas que los promedios nacionales y donde existe una atracción-proyección desde-hacia el mundo (plataformas o hub).
 
A partir de principios de este siglo, las regiones fronterizas se convierten en espacios estratégicos de los mercados ilegales más rentables: narcóticos, armas, trata de personas, precursores químicos y contrabando.  Desde este momento, las fronteras se convierten en "sistemas globales" que cumplen funciones similares a las de un nodo de integración por donde ingresan y salen –en tiempo real– productos (narcóticos), insumos (precursores químicos) o servicios (salud, santuario) que vienen/van, desde/hacia distintos lugares del planeta.
 
En segundo lugar están las ciudades, que son lugares preferidos para la nueva economía, en tanto son proclives a los negocios, producen riqueza, atraen inversión externa, concentran alta densidad de infraestructuras y servicios, son espacios de innovación y tienen una masa de consumidores concentrada.  La vinculación de las economías ilegales con las legales encuentra en las ciudades el escenario perfecto, tal como se puede observar en los sectores inmobiliario o comercial que sirven para el lavado: pero también las ilegales se expresan directamente en el jogo de bicho en Brasil para el micro tráfico de drogas, las oficinas de cobro en Colombia para la venta de servicios de ajustes de cuentas o los múltiples mercados de venta de productos robados en la mayoría de las ciudades de la región.  Por eso, en mercados como los que hemos visto, con alta presencia de ilegalidad, no es nada difícil que estos dineros formen parte de la economía urbana.
 
También se debe destacar que las ciudades de frontera se convierten en nodos estructuradores de las regiones transfronterizas; tanto porque los mercados y los delitos conexos tienden a concentrarse en ellas, como porque asumen la función de plataformas universales.
 
Y en tercer lugar, los paraísos fiscales que son el gran espacio donde los mercados ilegales y legales se encuentran, gracias al predominio de la lógica offshore (extraterritorialidad) que fortalece los beneficios y los servicios prestados por los paraísos fiscales.  La OCDE estima en 7 billones de dólares el monto de dinero que mueven los 74 paraísos fiscales, de los cuales 1.6 billones proceden de los mercados ilegales.
 
- Fernando Carrión M. es académico del Departamento de Estudios Políticos de FLACSO Ecuador.
 
Referencias:
- Forgione, Francesco (2010): Mafia export, Ed. Anagrama, Barcelona.
- Sassen, Saskia (1999): La ciudad global, Ed. EUDEBA, Buenos Aires.
 
* Este texto es parte de la Revista América Latina en Movimiento, No., 497 de julio de 2014, que trata sobre el tema de "La cuestión urbana hoy: Entre el mercado total y el buen vivir " -http://www.alainet.org/publica/497.phtml.